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UED Insta al Cumplimiento de la Sentencia del TJUE Sobre el Personal Interino en Coria

UED Insta al Cumplimiento de la Sentencia del TJUE Sobre el Personal Interino en Coria

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Lunes, 17 de junio 2024, 19:06

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Una Extremadura Digna (UED) ha instado al cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que exige la resolución del fraude de ley relacionado con el personal interino en las Administraciones Públicas de Coria. Esta sentencia representa un nuevo llamado de atención para el Gobierno español y diversas instituciones públicas, incluyendo la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Coria, todos los cuales cuentan con personal interino en la mencionada ciudad.

El TJUE ha dictaminado que los empleados interinos y temporales deben ser convertidos en fijos automáticamente. Esta decisión contradice las posturas mantenidas por las instituciones españolas, regionales, provinciales y municipales, y cuestiona la legislación española implementada en 2021. Según el tribunal, dicha legislación no cumple con su función, y las indemnizaciones para los empleados temporales despedidos no pueden estar limitadas de la manera establecida por la normativa actual.

Desde UED se ha señalado que esta situación supone una vergüenza no solo para el Gobierno y las Comunidades Autónomas, que aplican la legislación nacional sin cuestionarla, sino también para los sindicatos mayoritarios (UGT, CC.OO., CSIF), acusados de no proteger adecuadamente los derechos e intereses de los trabajadores.

La organización política ha expresado su apoyo a los sindicatos minoritarios que han luchado durante años por el cumplimiento de las directivas europeas y las sentencias del TJUE. UED aboga por una regularización rápida y justa de los empleados públicos afectados, muchos de los cuales trabajan en servicios esenciales como la salud, donde los interinos representan hasta el 80% del personal en algunos servicios de urgencias.

El incumplimiento de esta sentencia podría tener graves consecuencias para las Administraciones Públicas, incluyendo la pérdida de capital humano y un impacto financiero significativo. Se estima que muchos funcionarios que llevan entre 10 y 30 años como temporales en fraude de ley podrían exigir indemnizaciones superiores a los 100.000 euros, con algunos casos alcanzando cifras aún mayores.

Esta situación, que se ha prolongado durante años, refleja la mediocridad de quienes gestionan las instituciones públicas, según UED. La organización reitera la urgencia de abordar y resolver el fraude de ley con el personal interino para evitar mayores complicaciones y garantizar un trato justo a los trabajadores afectados.

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