Juan Valle Barbero fue alcalde de Coria por el PSOE. / hoy

Piden cinco años de prisión al exalcalde de Coria Juan Valle

Por prevaricación y malversación de caudales públicos en las obras de un centro de día y una guardería

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZO Cáceres

El próximo 24 de mayo está previsto que se siente en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres el exalcalde de Coria por el PSOE Juan Valle Barbero, acusado de prevaricación y malversación de caudales públicos, y un técnico municipal del Ayuntamiento. Para cada uno de ellos la fiscal solicita cinco años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 18 años y 3 meses.

Los hechos por los que son acusados se remontan a mayo de 2008, cuando, según la acusación pública, «el entonces alcalde Juan Valle resolvió de manera arbitraria» encomendar al técnico municipal del Ayuntamiento T.F.A. la redacción del proyecto básico y ejecución del un edificio como centro de día, el que se encuentra en la calle Venezuela. La Fiscalía asegura que el alcalde lo hizo «a sabiendas de su ilegalidad, al no seguir el procedimiento legalmente establecido para la contratación pública y no garantizando la libre concurrencia.

El 20 de enero de 2009 el técnico municipal presentó en el registro del Ayuntamiento de Coria una factura por la obra que ascendía a 58.000 euros.

Lo mismo pasó con una guardería en Puebla de Argeme (núcleo urbano dependiente de Coria). El alcalde decidió en junio de 2008 encargar el proyecto y ejecución al mismo técnico municipal, que en el año 2009 presentó en el registro del Ayuntamiento una factura de 25.748 euros.

No hizo caso al reparo de la interventora

Las dos facturas llegaron a manos de la interventora general de fondos del Ayuntamiento de Coria que emitió sendas notas de reparo a pagarlas, ya que las dos superaban el importe de 18.000 euros establecido como límite para los contratos menores.

El alcalde resolvió rechazar los dos reparos, continuando la tramitación de los expedientes. Al final, para intentar solventar el problema del límite de los 18.000 euros. El técnico municipal implicado en este caso anuló las facturas y convenció a otros técnicos para que presentaran facturas con cantidades inferiores, pero todas las facturas estaban relacionadas con las obras.

La fiscal encargada del caso ha presentado a la Audiencia una alternativa de pena. Indica que el exalcalde puede ser condenado por un delito de fraude a una pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por nueve años; en el caso del técnico municipal ofrece la alternativa de una pena de tres años por el delito de fraude y dos años y seis meses por el de falsedad.